El día en que el Congreso hizo suya la bandera de Belgrano

Cómo la resolución del 25 de julio de 1816 convirtió el pabellón creado por Manuel Belgrano en la bandera oficial de las Provincias Unidas.

Introducción

Cada 20 de junio, los argentinos recordamos a Manuel Belgrano y conmemoramos la creación de la bandera nacional. Pocas imágenes ocupan un lugar tan profundo en nuestra memoria histórica como la del general en las barrancas del Paraná, el 27 de febrero de 1812, ordenando enarbolar por primera vez un pabellón blanco y celeste. Aquel gesto se convirtió en uno de los momentos fundacionales de nuestra historia y le otorgó, con justicia, el lugar de creador de nuestro principal símbolo patrio.

Sin embargo, esa historia suele detenerse allí. Pocas veces nos preguntamos qué ocurrió después. ¿Fue aceptada inmediatamente por el gobierno? ¿Cuándo se convirtió en la bandera oficial de las Provincias Unidas? ¿Existió una decisión institucional que reconociera formalmente el símbolo concebido por Belgrano?

Las respuestas conducen a un episodio tan trascendente como poco conocido. Durante más de cuatro años, el pabellón creado en 1812 acompañó a los ejércitos patriotas, estuvo presente en las principales campañas de la guerra de la independencia y terminó convirtiéndose en uno de los grandes emblemas de la revolución. Sin embargo, su significado nunca se limitó al ámbito militar. Desde el momento mismo de su creación, Belgrano lo concibió como un símbolo destinado a representar la unidad de las Provincias Unidas, la libertad que buscaban conquistar y la Nación que aspiraban a construir. Pese a ello, esa legitimidad política y simbólica todavía no había recibido reconocimiento jurídico.

La declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, modificó definitivamente ese escenario. A partir de entonces, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán debió afrontar una tarea que excedía la ruptura con la monarquía española: organizar el nuevo Estado, definir sus instituciones y dotarlo de los símbolos propios de toda Nación soberana.

El 25 de julio de 1816, apenas dieciséis días después de la declaración de la independencia, los representantes de las Provincias Unidas tomaron una decisión cuya importancia no siempre ha recibido la atención que merece. No crearon una nueva bandera ni sustituyeron la concebida por Belgrano. Reconocieron oficialmente como distintivo de la Nación el mismo pabellón que la revolución había convertido en su principal emblema.

Comprender el alcance de aquella resolución permite descubrir que la historia de nuestra bandera no se agota en el acto creador de 1812. Belgrano imaginó un símbolo para una Nación que todavía no existía como Estado independiente; el Congreso de Tucumán le otorgó, cuatro años más tarde, el reconocimiento jurídico que aquella visión política necesitaba. Entre ambos momentos no existe una ruptura, sino la continuidad de un mismo proceso histórico: el nacimiento de un símbolo y la construcción de la Nación llamada a representarlo.

La bandera antes de la Nación

Cuando Manuel Belgrano ordenó enarbolar por primera vez la bandera blanca y celeste, el 27 de febrero de 1812, todavía no existía un Estado argentino independiente.

Puede parecer una afirmación paradójica. Sin embargo, constituye la clave para comprender por qué la enseña creada por Belgrano no fue aceptada de inmediato por las autoridades revolucionarias.

Desde la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas habían desplazado al virrey y ejercían el gobierno mediante instituciones propias. No obstante, en el plano formal continuaban sosteniendo que actuaban en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón Bonaparte. Aquella estrategia política —conocida por la historiografía como la "máscara de Fernando VII"— permitía ganar tiempo, evitar un enfrentamiento prematuro con las grandes potencias europeas y mantener abiertas distintas alternativas para el futuro de la revolución.

En ese contexto, la diferencia entre una escarapela y una bandera era mucho más profunda de lo que hoy podría suponerse.

La escarapela constituía un distintivo destinado a identificar a las tropas patriotas. La bandera, en cambio, representaba la soberanía de una comunidad política. Enarbolarla significaba afirmar, ante propios y extraños, la existencia de una autoridad capaz de actuar en nombre de un pueblo. Mientras la primera respondía principalmente a una necesidad militar, la segunda proyectaba un mensaje político de enorme trascendencia.

Pocos días antes, el Primer Triunvirato había aprobado la escarapela nacional con los colores blanco y celeste. Si las Provincias Unidas contaban ya con un símbolo nacional que distinguía a sus tropas, resultaba natural que esos mismos colores identificaran también el pabellón.

Así lo expresó Belgrano en la carta dirigida al gobierno el mismo 27 de febrero de 1812:

"Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de V.E."

La elección de esas palabras resulta particularmente reveladora. Belgrano no habló de una bandera del Ejército ni de un pabellón destinado exclusivamente a las tropas bajo su mando. La vinculó expresamente con la escarapela nacional, convencido de que ambas debían representar a las Provincias Unidas.

Las autoridades revolucionarias, por el contrario, analizaban la cuestión desde una perspectiva política y diplomática. Mientras no existiera una declaración formal de independencia, un pabellón nacional podía interpretarse como una ruptura definitiva con la Corona española y comprometer las delicadas gestiones diplomáticas que el gobierno todavía consideraba necesarias.

Comenzó así una situación tan singular como reveladora. La enseña concebida por Belgrano acompañó las campañas del Ejército del Norte y terminó identificándose con la causa de la independencia mucho antes de recibir reconocimiento institucional. Había nacido antes de que la Nación existiera jurídicamente, pero ya expresaba la unidad de las Provincias Unidas, la libertad que buscaban conquistar y el proyecto político de quienes luchaban por construir un Estado soberano.

Belgrano pensó una bandera para un pueblo

La bandera creada por Manuel Belgrano nació en el seno del Ejército del Norte. Sin embargo, desde sus orígenes fue concebida como mucho más que un distintivo militar.

La primera evidencia surge del propio documento mediante el cual comunicó su creación.

En la carta dirigida al Primer Triunvirato el 27 de febrero de 1812 explicó que había mandado confeccionarla "conforme a los colores de la escarapela nacional". La expresión resulta particularmente reveladora. Belgrano no habló de una bandera del Ejército ni de un pabellón destinado exclusivamente a las tropas bajo su mando. La vinculó deliberadamente con la escarapela nacional, el distintivo aprobado pocos días antes por el gobierno para representar a las Provincias Unidas. Desde ese mismo momento, el nuevo pabellón aparecía asociado a toda la comunidad política y no únicamente a sus fuerzas militares.

Los hechos posteriores confirman esa intención.

El 25 de mayo de 1812, durante las celebraciones del segundo aniversario de la Revolución de Mayo en San Salvador de Jujuy, Belgrano dispuso la bendición solemne de la bandera. La ceremonia reunió a las tropas, las autoridades civiles, el clero y el pueblo. No fue un acto reservado al ámbito castrense. La nueva enseña fue presentada ante toda la comunidad como expresión de una causa compartida, reforzando su carácter de emblema de las Provincias Unidas y no solamente del Ejército del Norte.

Aquella ceremonia permite comprender mejor el sentido que Belgrano atribuía a la bandera. Aunque nació junto a un ejército en campaña, nunca fue concebida como un instrumento exclusivamente militar. Desde el comienzo representó la unidad de las Provincias Unidas, la libertad que impulsaba la revolución y el proyecto político de una comunidad que aspiraba a convertirse en una Nación independiente.

Bajo esta perspectiva adquiere un significado diferente la resolución adoptada por el Congreso de Tucumán el 25 de julio de 1816. Los diputados no transformaron una bandera militar en una bandera nacional. Reconocieron oficialmente la misma enseña que Belgrano había imaginado cuatro años antes y que la revolución ya había convertido en patrimonio de todo un pueblo.

El Congreso debía reconocer un símbolo que ya existía

La declaración de la independencia del 9 de julio de 1816 inauguró una nueva etapa en la historia de las Provincias Unidas. La ruptura definitiva con la monarquía española había dado nacimiento a una Nación soberana. A partir de ese momento, el desafío ya no consistía únicamente en sostener la guerra de la independencia, sino también en organizar el Estado que habría de representarla.

Los diputados reunidos en San Miguel de Tucumán debían resolver cuestiones decisivas: definir la forma de gobierno, establecer las bases institucionales del nuevo país y dotarlo de los símbolos propios de toda Nación independiente.

Entre ellos ocupaba un lugar central la bandera creada por Manuel Belgrano.

Desde 1812, aquella enseña había acompañado las campañas del Ejército del Norte y se había convertido en el símbolo bajo el cual combatían los defensores de la revolución. Para entonces, además, presentaba ya el diseño de tres franjas horizontales —celeste, blanca y celeste—, antecedente directo del pabellón nacional que ha llegado hasta nuestros días.

La cuestión, por lo tanto, ya no consistía en decidir si las Provincias Unidas debían tener una bandera.

Ese debate había quedado atrás.

Lo que ahora correspondía era conferir carácter oficial al símbolo que ya identificaba a la Nación recientemente independizada.

Con ese propósito, el 20 de julio de 1816, apenas once días después de la declaración de la independencia, el Congreso comenzó el tratamiento formal del tema. La comisión integrada por los diputados Esteban Luis Gascón, Juan José Paso y José María Serrano presentó un despacho proponiendo reconocer como distintivo de las Provincias Unidas la bandera celeste, blanca y celeste utilizada hasta entonces.

El contenido de esa propuesta posee un enorme valor histórico.

La comisión no propuso diseñar un nuevo pabellón ni modificar el existente. Por el contrario, tomó como punto de partida una realidad ya consolidada: las Provincias Unidas contaban con un símbolo que había surgido durante la revolución y que era reconocido por quienes luchaban y por los pueblos que sostenían la causa de la independencia.

La discusión, por consiguiente, ya no giraba alrededor de la creación de una bandera. El verdadero debate consistía en determinar si el Congreso incorporaría oficialmente al patrimonio institucional del nuevo Estado el símbolo que, desde hacía cuatro años, identificaba a las Provincias Unidas.

Cinco días más tarde, los representantes reunidos en Tucumán responderían afirmativamente.

¿Por qué el Congreso habló de una "bandera menor"?

Entre las expresiones más llamativas de la resolución aprobada por el Congreso de Tucumán el 25 de julio de 1816 hay una que suele pasar inadvertida. Después de reconocer oficialmente la bandera celeste, blanca y celeste como distintivo de las Provincias Unidas, el decreto establecía que se utilizaría "en clase de bandera menor", "ínterin decretada la forma de gobierno más conveniente se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera mayor".

Para el lector del siglo XXI, la fórmula resulta desconcertante. Si la independencia ya había sido declarada y la bandera acababa de ser oficializada, ¿por qué el Congreso la calificó como bandera menor? ¿Qué entendían los diputados por bandera mayor?

El propio decreto permite responder solo una parte de esas preguntas.

Cuando el Congreso aprobó aquella resolución, la independencia era ya un hecho consumado, pero la organización institucional de las Provincias Unidas permanecía abierta.

Los diputados todavía debían definir la forma de gobierno del nuevo Estado y, en función de ella, establecer algunos de sus atributos más importantes. Por esa razón, resolvieron oficializar inmediatamente la bandera utilizada por la revolución, aunque dejaron para una etapa posterior la determinación de los "jeroglíficos de la bandera mayor".

En el lenguaje político y jurídico de comienzos del siglo XIX, la palabra jeroglíficos no hacía referencia a la escritura del antiguo Egipto. Designaba los emblemas, atributos o distintivos que completaban la representación oficial de un Estado.

Hasta aquí llegan los hechos que pueden afirmarse con certeza a partir del texto del decreto.

Lo que el decreto no explica

La resolución del 25 de julio de 1816 nunca describe cómo debía ser la bandera mayor. Tampoco indica cuáles serían esos jeroglíficos, ni cuándo deberían incorporarse. Se limita a establecer que esa definición quedaba supeditada a la futura forma de gobierno.

La interpretación tradicional sostiene que aquella previsión terminó concretándose el 25 de febrero de 1818, cuando el Congreso, ya instalado en Buenos Aires, dispuso incorporar el Sol de Mayo en la franja blanca central de la bandera.

Ese hecho marcó un momento decisivo en la evolución de nuestro principal símbolo patrio. Si 1812 representa la creación de la bandera por Manuel Belgrano y 1816 su reconocimiento oficial por el Congreso, 1818 señala la culminación de ese proceso institucional mediante la incorporación del Sol, completando el diseño del pabellón nacional que, con posteriores reglamentaciones sobre su uso, ha llegado hasta nuestros días.

Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente documental conviene formular una precisión.

El decreto de 1816 nunca afirma que la futura bandera mayor consistiría simplemente en agregar el Sol de Mayo. Esa identificación constituye una interpretación historiográfica ampliamente aceptada, pero no surge de manera expresa del texto aprobado por el Congreso de Tucumán.

Esa circunstancia explica por qué la expresión "bandera mayor" continúa siendo objeto de análisis entre los historiadores. La resolución dejó abierta una cuestión que nunca desarrolló explícitamente y cuyo significado exacto no puede establecerse únicamente a partir de la documentación conservada.

Precisamente a partir de ese interrogante es posible formular una hipótesis de trabajo que permita explorar otra lectura del decreto de 1816.

Una nueva interpretación de la "bandera mayor"

Precisamente allí aparece un interrogante que, a mi juicio, merece ser planteado.

Si el único propósito del Congreso hubiera sido incorporar un nuevo emblema a la bandera existente, ¿por qué condicionó esa decisión a la futura forma de gobierno?

La pregunta no parece menor.

El propio decreto establece que los "jeroglíficos de la bandera mayor" serían fijados una vez determinada la organización política del nuevo Estado. Esa relación sugiere que los diputados atribuían a la denominada bandera mayor un significado que trascendía la simple incorporación de un nuevo símbolo al pabellón ya oficializado.

En 1816, las Provincias Unidas atravesaban uno de los momentos más complejos de su historia. La independencia acababa de ser declarada, pero el Estado apenas comenzaba a organizarse. Al mismo tiempo, algunos de los principales protagonistas de la emancipación concebían la revolución dentro de un horizonte político que excedía ampliamente los límites del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

Manuel Belgrano defendía la instauración de una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas y con capital en el Cuzco. José de San Martín, por su parte, ultimaba los preparativos del Ejército de los Andes para iniciar la campaña libertadora de Chile y continuar luego hacia el Perú. Para ambos, la independencia de las Provincias Unidas representaba una etapa de un proceso emancipador de dimensión continental.

Desde esa perspectiva, cabe formular una hipótesis de trabajo.

Nota del autor

La interpretación desarrollada a continuación constituye una hipótesis de trabajo, elaborada a partir del análisis del contexto político, institucional y militar de 1816, así como de la resolución aprobada por el Congreso de Tucumán el 25 de julio de ese año. Hasta el momento no se conocen fuentes documentales que permitan determinar con certeza el alcance que los diputados atribuyeron a las expresiones "bandera menor" y "bandera mayor".

En consecuencia, la propuesta que sigue no pretende cerrar el debate, sino aportar una interpretación fundada sobre un aspecto de nuestra historia que permanece abierto a la investigación. La ausencia de documentación concluyente no impide formular nuevas hipótesis cuando estas se apoyan en el análisis crítico de las fuentes disponibles, se sustentan en el contexto histórico y se presentan claramente diferenciadas de los hechos comprobados. Como toda hipótesis de trabajo, la aquí expuesta queda abierta a su confirmación, revisión, matización o eventual refutación a la luz de nuevas evidencias documentales.

En historia, las interpretaciones no sustituyen a las fuentes: dialogan con ellas. Ese es el espíritu con el que debe leerse la propuesta que sigue.

La expresión "bandera menor" podría haber designado el pabellón propio de las Provincias Unidas durante aquella primera etapa del proceso emancipador, mientras que la "bandera mayor" habría quedado reservada para una organización política de alcance superior que solo podría definirse una vez concluida la guerra, establecida la forma de gobierno y consolidado el proyecto político continental compartido por algunos de los principales protagonistas de la independencia.

Desde esta perspectiva, la diferencia entre bandera menor y bandera mayor no respondería únicamente a una cuestión protocolar o heráldica. También podría reflejar la coexistencia de dos niveles de organización política: uno correspondiente a las Provincias Unidas y otro vinculado a una estructura institucional más amplia cuya configuración definitiva permanecía abierta.

Salvando las profundas diferencias históricas entre ambos procesos, esta hipótesis puede comprenderse mediante una comparación puramente didáctica. En la actualidad, los Estados que integran la Unión Europea conservan sus banderas nacionales y, al mismo tiempo, reconocen una bandera común que representa a una organización supranacional. La analogía no pretende establecer una relación histórica entre ambas realidades ni afirmar que los congresales de 1816 imaginaran una estructura semejante. Su único propósito es mostrar cómo pueden coexistir símbolos correspondientes a distintos niveles de organización política.

Naturalmente, esta interpretación no puede considerarse demostrada mientras no aparezcan nuevas fuentes documentales. Sin embargo, el interrogante conserva un indudable interés historiográfico. El Congreso empleó deliberadamente las expresiones "bandera menor" y "bandera mayor", pero nunca explicó qué entendía exactamente por ellas.

Quizá nunca sepamos con certeza cuál fue el sentido preciso que los diputados otorgaron a esos términos. Lo que sí parece indiscutible es que la resolución del 25 de julio de 1816 refleja una realidad más amplia: la independencia no constituyó el punto final del proceso revolucionario, sino el comienzo de la construcción institucional de un nuevo Estado. La bandera ya había sido reconocida oficialmente, pero la Nación continuaba definiendo su organización y, probablemente, también el alcance del proyecto político que algunos de sus principales protagonistas imaginaban para la América emancipada.

El camino de un símbolo nacional

La memoria colectiva suele conservar los grandes gestos fundacionales. En el caso de la bandera argentina, ese lugar pertenece, con toda justicia, a Manuel Belgrano y al pabellón blanco y celeste que hizo enarbolar en las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812. Aquel acto dio origen a uno de los signos más perdurables de nuestra identidad nacional.

Sin embargo, los grandes símbolos no nacen completos.

La bandera concebida por Belgrano surgió junto al Ejército del Norte, pero desde sus orígenes estuvo destinada a representar mucho más que a una fuerza militar. Vinculada a la escarapela nacional, presentada públicamente en la ceremonia de Jujuy y abrazada por quienes sostenían la causa revolucionaria, comenzó a expresar la unidad de las Provincias Unidas, la libertad por conquistar y el nacimiento de una nueva comunidad política.

Durante los años siguientes acompañó las campañas de la independencia, compartió victorias y derrotas y se convirtió, antes de recibir reconocimiento legal, en el principal emblema de la revolución.

El 25 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán reconoció oficialmente como distintivo de las Provincias Unidas "la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente". No creó un nuevo pabellón: incorporó al patrimonio institucional del Estado el mismo símbolo que la revolución ya había legitimado.

Dos años después, el 25 de febrero de 1818, el Congreso, ya reunido en Buenos Aires, dispuso incorporar el Sol de Mayo en la franja blanca central. Con esa resolución quedó completada la configuración del pabellón nacional que, con posteriores reglamentaciones sobre su uso, ha llegado hasta nuestros días.

Vista en perspectiva, la historia de nuestra bandera revela un proceso de construcción política e institucional desarrollado a lo largo de varios años. Su creación en 1812, su reconocimiento oficial en 1816 y la incorporación del Sol de Mayo en 1818 no constituyen episodios aislados, sino etapas sucesivas de una misma historia.

Quizá haya llegado el momento de incorporar esa mirada a nuestra memoria histórica.

Cada 20 de junio seguiremos homenajeando, con justicia, a Manuel Belgrano como creador de la bandera nacional. Pero también merece recordarse el 25 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán la reconoció oficialmente como distintivo de las Provincias Unidas, y el 25 de febrero de 1818, cuando el pabellón adquirió la configuración que, en lo esencial, conserva hasta nuestros días.

La evolución de la bandera deja, además, una enseñanza que trasciende su propia historia.

Los grandes símbolos nacionales no nacen únicamente de una ley ni de un decreto. Se consolidan cuando una comunidad los reconoce como expresión de sus ideales, de su memoria y de su destino compartido.

Eso fue lo que comprendió Manuel Belgrano.

Mucho antes de que existiera un Estado argentino independiente, advirtió que ninguna Nación podía afirmarse sin un símbolo capaz de expresar una identidad común y reunir a sus habitantes alrededor de un mismo proyecto político.

La revolución hizo suyo aquel pabellón.

El Congreso lo incorporó al patrimonio institucional de la Nación.

Los argentinos lo convirtieron, con el paso del tiempo, en uno de los símbolos más profundos de su historia.

Quizá ese sea, en definitiva, el legado más extraordinario de Belgrano. No solo haber creado una bandera, sino haber comprendido que las naciones comienzan a existir mucho antes de que se dicten sus leyes: empiezan a construirse cuando un pueblo logra reconocerse en los mismos ideales, en los mismos símbolos y en un mismo destino.