La moral pública y el fin de los privilegios silenciosos

Durante décadas la sociedad argentina toleró que los funcionarios utilizaran recursos del Estado como extensiones de su posición personal. Hoy ese umbral de tolerancia parece estar cambiando.

Las sociedades cambian cuando dejan de tolerar lo que durante años consideraron normal.

Hay transformaciones políticas que se anuncian con grandes discursos y reformas legales. Otras, más silenciosas, se manifiestan primero en la sensibilidad de una sociedad. En la Argentina parece estar ocurriendo algo de este último tipo: una modificación gradual en la manera en que los ciudadanos observan el uso de los recursos públicos.

Durante mucho tiempo se aceptó una ambigüedad que hoy comienza a resultar cada vez menos justificable: la confusión entre lo público y lo propio.

No siempre se trataba de corrupción en el sentido estricto del término. Con frecuencia era algo más difuso, pero también más persistente: una cultura política que naturalizaba que ciertos recursos del Estado —vehículos, gastos, facilidades del cargo— se deslizaran hacia un uso personal o familiar sin que ello provocara mayor escándalo.

La cuestión no residía solamente en la conducta de algunos funcionarios. También en la indulgencia que la rodeaba. Durante décadas una parte considerable de la sociedad pareció aceptar esas prácticas como una especie de fatalismo administrativo. Se criticaban, pero con resignación. Como si fueran parte inevitable del ejercicio del poder.

Ese clima de tolerancia contribuyó a consolidar una relación ambigua con lo público. El Estado aparecía, a menudo, no como un patrimonio común que debía administrarse con rigor, sino como una estructura disponible para los beneficios de quienes lo ocupaban circunstancialmente.

Sin embargo, algo parece haber comenzado a modificarse.

No porque la política haya alcanzado súbitamente un estándar moral más elevado, ni porque la Argentina haya resuelto de manera definitiva sus viejos problemas institucionales. Pero sí porque el umbral de tolerancia social frente a esos comportamientos se ha desplazado.

En los últimos años, episodios que antes habrían pasado casi inadvertidos generan ahora discusiones públicas, cuestionamientos y pedidos de explicaciones. No es una transformación completa ni definitiva, pero sí revela una sensibilidad distinta frente a los privilegios del poder.

Ese cambio cultural no es menor. Las democracias no se fortalecen únicamente cuando sancionan los grandes delitos contra el Estado. También lo hacen cuando dejan de considerar aceptables esas formas más pequeñas —pero persistentes— de apropiación de lo público que durante mucho tiempo fueron justificadas como costumbres inevitables del poder.

Gobernar nunca fue simplemente administrar recursos. Siempre implicó administrar confianza.

Cuando quienes ejercen el poder utilizan los bienes públicos como si fueran propios, esa confianza se deteriora lentamente, casi sin ruido. Y cuando la sociedad comienza a cuestionar esos hábitos, no está reclamando virtudes extraordinarias: está recordando una regla elemental de la vida republicana.

El Estado no pertenece a quienes lo ocupan circunstancialmente. Pertenece a la comunidad que lo sostiene.