La bandera que le faltaba a la Revolución

¿Por qué Belgrano creó una bandera si el Ejército ya tenía banderas?

"…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional…"

Con estas palabras, escritas el 27 de febrero de 1812 al gobierno de Buenos Aires, Manuel Belgrano explicó la decisión que acababa de tomar en las barrancas del Paraná. La frase fue citada durante más de dos siglos por historiadores, docentes y divulgadores. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué quiso decir realmente.

Si el Ejército ya utilizaba banderas, ¿por qué afirmó que no la tenía? ¿A cuál se refería? ¿Qué problema intentaba resolver con aquella decisión? La respuesta permite comprender desde una perspectiva diferente uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina.

Durante mucho tiempo, la creación de la bandera fue presentada como el gesto espontáneo de un jefe militar inspirado por el fervor revolucionario. Sin embargo, cuando el episodio se analiza a la luz del contexto político, de la legislación vigente y de las decisiones que Belgrano adoptó en los años siguientes, surge una interpretación mucho más amplia y consistente.

Nada indica que se tratara de una improvisación.

Por el contrario, todo parece indicar que advirtió una necesidad que la dirigencia revolucionaria aún no había percibido. Los gobiernos pueden organizar instituciones, formar ejércitos y administrar un territorio. Pero toda comunidad política necesita también símbolos capaces de expresar su identidad, fortalecer el sentido de pertenencia y reunir a la sociedad alrededor de un proyecto común.

Con ese propósito nació la bandera celeste y blanca. No porque el Ejército careciera de enseñas. Las Reales Ordenanzas de Carlos III, promulgadas en 1768, regulaban las banderas coronelas y sencillas de los regimientos españoles, normas que continuaban vigentes en las fuerzas revolucionarias. Tampoco pretendía reemplazar aquellos estandartes militares.

La cuestión de fondo era diferente.

Las Provincias Unidas contaban con un gobierno propio, autoridades, tribunales, ejércitos e incluso una escarapela nacional. Sin embargo, todavía carecían de un emblema que representara la existencia de un nuevo poder político.

Allí estaba el vacío que Belgrano decidió llenar.

Pero su obra no concluyó el 27 de febrero de 1812.

Durante los cuatro años siguientes trabajó de manera constante para convertir aquella enseña en el emblema de las Provincias Unidas. La presentó ante el pueblo de Rosario, dispuso su bendición en Jujuy, convocó a las autoridades civiles y religiosas a participar de las ceremonias, la colocó en el centro del juramento de fidelidad a la Asamblea del Año XIII y, finalmente, impulsó su reconocimiento por el Congreso de Tucumán.

La historia de nuestra bandera no comienza ni concluye en el acto de Rosario.

Aquel día marcó el inicio de un proceso político, institucional y simbólico mucho más profundo: la construcción del emblema que acompañaría el nacimiento de una nueva Nación.

Ese fue, probablemente, el mayor aporte de Manuel Belgrano. No solo creó una bandera para las Provincias Unidas; comprendió, antes que muchos de sus contemporáneos, que toda nueva soberanía necesita un símbolo capaz de representarla, otorgarle legitimidad y proyectarla hacia el futuro.

Las banderas que existían en 1812

Para comprender el verdadero alcance de la decisión de Belgrano es necesario responder una pregunta previa: ¿qué banderas existían en las Provincias Unidas en febrero de 1812?

La respuesta permite advertir que el problema no era la ausencia de enseñas militares. Lo que todavía faltaba era un emblema capaz de representar al nuevo poder surgido con la Revolución de Mayo.

En aquel momento coexistían dos clases de banderas.

La primera era el pabellón de la Monarquía Española. No pertenecía a ningún regimiento en particular: representaba a la Corona y, con ella, la soberanía del Estado. Flameaba en fortalezas, edificios públicos, puertos y buques de guerra como manifestación visible de la autoridad del rey.

Allí residía una contradicción cada vez más evidente. Mientras la Revolución había dado origen a un gobierno propio, el símbolo oficial del Estado seguía siendo el español. Las nuevas autoridades administraban el territorio, organizaban ejércitos y dictaban sus propias disposiciones, aunque, al menos formalmente, continuaban gobernando en nombre de Fernando VII.

La segunda categoría estaba integrada por las banderas regimentales.

Las Reales Ordenanzas para el Régimen, Disciplina, Subordinación y Servicio de los Ejércitos, promulgadas por Carlos III en 1768, establecían que cada regimiento debía contar con una bandera coronela, que llevaba las armas reales, y varias banderas sencillas, identificadas por la tradicional Cruz de Borgoña. Su función consistía en señalar la posición de la unidad en combate, mantener reunida a la tropa y representar el honor del cuerpo.

No eran banderas nacionales ni simbolizaban al Estado. Identificaban exclusivamente al regimiento al que pertenecían.

Perder una de ellas constituía una de las mayores deshonras militares; defenderla hasta las últimas consecuencias era una cuestión de honor.

Los oficiales y soldados de las fuerzas revolucionarias conocían perfectamente esas disposiciones. La mayoría se había formado en el Ejército Real y continuaba organizándose conforme a las Ordenanzas heredadas de la monarquía.

Por eso resulta difícil sostener que, al escribir "...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola...", Belgrano quisiera afirmar que el Ejército carecía de enseñas. La legislación vigente demuestra exactamente lo contrario.

Entonces, ¿qué era lo que realmente faltaba?

No una bandera para un regimiento.

Tampoco una insignia destinada a identificar una unidad militar.

Lo que las Provincias Unidas aún no poseían era un emblema propio, capaz de representar a la nueva comunidad política nacida en Mayo de 1810.

Ese matiz cambia por completo la interpretación del episodio de Rosario.

Belgrano no pretendió sustituir las banderas reglamentarias heredadas del Ejército español, ni crear un distintivo exclusivo para el Ejército del Norte. Su objetivo era mucho más ambicioso: dotar a las Provincias Unidas de un símbolo que expresara su identidad y permitiera a sus habitantes reconocerse como parte de un mismo proyecto político.

Comprendió que un gobierno podía dictar leyes, administrar un territorio y organizar ejércitos. Pero mientras careciera de un emblema propio, la nueva soberanía permanecería incompleta.

Con esa convicción llegó a Rosario en febrero de 1812.

Allí dio el primer paso de un proceso que, con el tiempo, convertiría aquella enseña en la bandera de la Argentina.

Rosario: el nacimiento de un símbolo

Cuando Manuel Belgrano llegó a Rosario a comienzos de 1812, recibió una misión estrictamente militar: organizar la defensa de las barrancas del Paraná para impedir que las fuerzas realistas establecidas en Montevideo utilizaran el río como vía de abastecimiento y de ataque contra las Provincias Unidas.

Con ese objetivo ordenó construir dos baterías destinadas a controlar la navegación.

Podría haberlas identificado con números o con referencias geográficas, como era habitual en la época. Sin embargo, eligió llamarlas Libertad e Independencia.

La elección difícilmente haya sido casual.

En febrero de 1812 la independencia aún no había sido declarada y el gobierno seguía sosteniendo, al menos formalmente, que gobernaba en nombre de Fernando VII. Sin embargo, el responsable de defender las costas del Paraná bautizaba sus principales posiciones militares con dos palabras que expresaban el horizonte político al que aspiraba la Revolución.

El 27 de febrero inauguró ambas baterías y, a continuación, reunió a sus soldados y convocó a los habitantes de la villa para presentar una nueva enseña confeccionada con los colores de la escarapela aprobada pocos días antes.

Cada elemento de aquella ceremonia respondía a un propósito.

Las baterías llevaban los nombres de Libertad e Independencia. Los soldados formaban frente al Paraná. Los vecinos participaban del acto. Y, por primera vez, flameaba un pabellón distinto del español.

No era solamente la inauguración de una posición defensiva.

Era la presentación pública del emblema que debía representar a las Provincias Unidas.

Ese detalle suele pasar inadvertido.

La ceremonia no estuvo dirigida exclusivamente al Ejército. Belgrano quiso que el pueblo participara desde el primer momento porque entendía que ninguna representación colectiva adquiere legitimidad si permanece limitada al ámbito militar. La nueva enseña nació ante soldados y civiles, uniendo desde su origen a quienes combatían con quienes sostenían la Revolución desde la retaguardia.

Aquella decisión anticipó todo lo que ocurriría después.

El nuevo pabellón volvería a ocupar el centro de las ceremonias públicas en Jujuy, presidiría el juramento de fidelidad a la Asamblea del Año XIII y, cuatro años más tarde, sería reconocido oficialmente por el Congreso de Tucumán.

Nada de eso obedeció a la improvisación.

Desde el comienzo existió una idea rectora: transformar una decisión militar en un emblema político capaz de expresar la identidad de las Provincias Unidas.

La carta enviada ese mismo día al gobierno confirma que su autor era plenamente consciente de la trascendencia del paso que acababa de dar:

"...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional."

Durante mucho tiempo esas palabras fueron interpretadas como la explicación de un simple acto militar.

Sin embargo, leídas dentro de su contexto, adquieren un significado muy diferente.

Belgrano no estaba resolviendo un problema táctico.

Estaba iniciando el proceso de construcción del emblema que acompañaría el nacimiento de una nueva Nación.

Por eso, más que el origen de una bandera, lo ocurrido en Rosario marcó el comienzo de una política deliberada destinada a dotar a las Provincias Unidas de una identidad visible y compartida.

La construcción de la legitimidad

La creación de la bandera fue apenas el comienzo.

Belgrano comprendía que ningún emblema adquiere autoridad por el solo hecho de existir. Para representar verdaderamente a las Provincias Unidas debía ser aceptado por quienes estaban llamados a defenderlas, gobernarlas y darles forma. Esa aceptación no surgiría de un decreto, sino de un proceso capaz de incorporarlo a la vida política y social.

Toda su actuación posterior parece responder a esa convicción.

Desde el principio evitó que la nueva enseña quedara limitada al ámbito castrense. Aspiró a convertirla en la representación visible de la nueva comunidad política y a que cada uno de sus habitantes pudiera reconocerla como propia.

Ese propósito comenzó a materializarse el 25 de mayo de 1812, en San Salvador de Jujuy. Allí dispuso que fuera bendecida por el canónigo Juan Ignacio Gorriti durante una ceremonia en la que participaron las autoridades civiles, el clero, el Ejército y el pueblo. La convocatoria no respondió a una simple cuestión protocolar: reunía deliberadamente a los principales actores sobre los que se sostenía el nuevo orden político.

Desde entonces dejó de ser solamente la enseña de un ejército para convertirse en patrimonio de toda la sociedad.

La misma lógica volvió a manifestarse meses después.

El 13 de febrero de 1813 reunió al Ejército del Norte a orillas del río Pasaje para prestar juramento de obediencia a la Asamblea General Constituyente bajo los colores celeste y blanco. Desde aquel día ese curso de agua sería recordado como el río Juramento.

El significado de la ceremonia trascendía el ámbito militar.

Al colocar la bandera en el centro del juramento, la vinculó con la autoridad política que pretendía representar la soberanía de los pueblos. De ese modo, dejó de identificar exclusivamente a una fuerza armada para asociarse con el proyecto institucional que comenzaban a construir las Provincias Unidas.

La guerra terminó de consolidar ese recorrido.

La enseña acompañó al Ejército Auxiliar durante toda la campaña del Norte. Estuvo presente en las victorias y en las derrotas, compartió las privaciones de los soldados y fue testigo de los sacrificios realizados para sostener la causa revolucionaria. Así comenzó a despertar un sentimiento de pertenencia que excedía el campo de batalla.

Miradas en conjunto, estas decisiones revelan una coherencia difícil de atribuir al azar.

Rosario marcó el nacimiento del emblema.

Jujuy lo incorporó a la vida cívica y religiosa.

El río Pasaje lo vinculó con la representación política.

La campaña del Norte terminó de asociarlo al sacrificio colectivo de quienes luchaban por la independencia.

Cada una de esas etapas amplió el reconocimiento de la bandera y fortaleció el vínculo entre el nuevo símbolo y la sociedad.

Cuando el Congreso de Tucumán la reconoció oficialmente en 1816, no estaba imponiendo un emblema desconocido. Estaba otorgando respaldo jurídico a una realidad que ya se había consolidado a través de la experiencia compartida de miles de hombres y mujeres.

Quizá allí resida uno de los mayores aciertos de Belgrano.

Entendió que los grandes símbolos no se imponen.

Se construyen.

Y esa construcción exige tiempo, participación y reconocimiento colectivo.

El Congreso de Tucumán consagra la obra de Belgrano

Cuando el Congreso de Tucumán declaró la Independencia, el 9 de julio de 1816, la bandera celeste y blanca llevaba más de cuatro años acompañando la Revolución.

Había nacido en Rosario, sido bendecida en Jujuy, presidido el juramento del río Pasaje y acompañado al Ejército del Norte durante toda la campaña. Para entonces, soldados, autoridades y buena parte de la población ya la identificaban con la causa de las Provincias Unidas.

Solo restaba conferirle reconocimiento legal.

Ese paso llegó el 25 de julio de 1816.

A propuesta de Juan José Paso, Pedro Medrano y Tomás Manuel de Anchorena, los diputados resolvieron adoptar como bandera nacional la enseña celeste y blanca.

Sin embargo, el aspecto más significativo de aquella resolución suele pasar inadvertido.

El decreto no ordenó diseñar un nuevo pabellón ni describió un modelo diferente. Tampoco atribuyó su creación al Congreso. Por el contrario, dispuso que la bandera nacional sería "la que se ha usado hasta el presente".

La expresión tiene un enorme valor histórico.

No describe un proyecto futuro.

Reconoce una realidad ya existente.

Los diputados otorgaban respaldo institucional a un emblema que había adquirido legitimidad antes de recibir sanción legal.

En consecuencia, el Congreso no creó la bandera.

La incorporó al orden jurídico de las Provincias Unidas.

La diferencia puede parecer sutil, pero modifica la interpretación del proceso.

Los grandes símbolos rara vez nacen por decisión de una ley.

Primero son aceptados por la sociedad.

Después el Estado los reconoce.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tucumán.

Durante cuatro años la bandera dejó de ser la iniciativa de un general para convertirse en la representación visible de una comunidad política que luchaba por su independencia. La resolución del Congreso no inició ese proceso; simplemente le otorgó la validación institucional que aún le faltaba.

El decreto incorporó, además, una expresión que ha dado lugar a numerosos debates: la referencia a la bandera menor.

La interpretación tradicional sostiene que esa denominación distinguía la bandera de uso cotidiano de una eventual bandera mayor, destinada a ceremonias o a incorporar las armas del Estado una vez definida su organización definitiva.

Esa explicación resulta consistente y cuenta con amplio respaldo historiográfico.

No obstante, el contexto político de 1816 permite considerar una lectura complementaria.

Las Provincias Unidas acababan de declarar la Independencia, pero seguían discutiendo cuestiones esenciales: la forma de gobierno, el proyecto de una monarquía constitucional de raíz incaica impulsado por Belgrano y la posibilidad de construir una organización política de alcance sudamericano.

Dentro de ese escenario, la expresión bandera menor también podría entenderse como la identificación del Estado efectivamente constituido: las Provincias Unidas del Río de la Plata. La eventual bandera mayor quedaría vinculada a un proyecto político más amplio, cuya configuración aún permanecía abierta.

La documentación disponible no permite afirmar esta interpretación como un hecho histórico.

Debe entenderse, por lo tanto, como una hipótesis fundada en el contexto político del Congreso y no como una conclusión definitiva.

Lo que sí puede sostenerse con certeza es que el Congreso reconoció la enseña creada por Belgrano y completó el proceso institucional iniciado cuatro años antes.

Dos años más tarde, el 25 de febrero de 1818, aprobaría la incorporación del Sol de Mayo para las banderas de guerra, fijando las características del pabellón que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en uno de los principales símbolos nacionales.

La decisión de julio de 1816 no marcó el nacimiento de la bandera.

Marcó el momento en que el Estado hizo suya una obra cuya legitimidad ya había sido construida por Belgrano y aceptada por la sociedad.

Mucho más que una bandera

La creación de la bandera suele recordarse como un episodio aislado ocurrido en Rosario el 27 de febrero de 1812. Sin embargo, ese hecho solo revela su verdadera dimensión cuando se lo integra en el proceso político que le dio sentido.

Belgrano no intentó resolver una carencia militar. El Ejército disponía de las enseñas reglamentarias previstas por las Reales Ordenanzas. La necesidad era otra: dotar a las Provincias Unidas de un emblema que expresara la existencia de una nueva soberanía.

Pero comprendió algo más.

Ningún símbolo perdura porque alguien lo imponga. Perdura cuando una sociedad lo reconoce como propio.

Esa convicción explica el camino recorrido entre Rosario y Tucumán. La presentación pública de la enseña, su bendición en Jujuy, el juramento del río Pasaje y el reconocimiento otorgado por el Congreso no fueron episodios independientes, sino las etapas de un mismo proceso destinado a convertir una decisión inicial en patrimonio de toda una comunidad.

Por eso el decreto del 25 de julio de 1816 posee un significado que va mucho más allá de su valor jurídico.

Al disponer que la bandera nacional sería "la que se ha usado hasta el presente", los diputados no estaban creando un nuevo emblema. Reconocían oficialmente el que ya había sido incorporado por las Provincias Unidas como expresión de su identidad política.

Esa perspectiva modifica la forma de interpretar uno de los episodios más conocidos de nuestra historia.

La bandera no comenzó a existir porque un Congreso la consagró.

El Congreso la consagró porque la bandera ya existía.

Quizá allí resida uno de los aportes más notables de Manuel Belgrano.

Su legado no fue solamente imaginar los colores que identificarían a la Argentina. Fue comprender que toda Nación necesita símbolos capaces de trascender a los gobiernos, sobrevivir al paso del tiempo y expresar, generación tras generación, los valores que le dan sentido a una comunidad.

Más de dos siglos después, la bandera continúa cumpliendo esa misión.

Acompaña a los argentinos en la escuela y en los cuarteles, en los actos públicos y en las campañas antárticas, en las misiones de paz, en las competencias deportivas y en cada lugar del mundo donde un compatriota la despliega para recordar su origen.

Las leyes cambian.

Los gobiernos se suceden.

Las generaciones pasan.

Los grandes símbolos permanecen.

Y esa fue, quizá, la obra más perdurable de Manuel Belgrano.