JORGE ROBERTO IBARZÁBAL: 304 DÍAS CONDENADO A DESAPARECER

El jefe militar secuestrado durante el ataque a Azul, sometido a diez meses de cautiverio y asesinado cuando la policía estuvo a punto de rescatarlo

El 19 de noviembre de 1974, una patrulla de la Policía bonaerense observó que dos automóviles y una camioneta Rastrojero avanzaban en caravana por San Francisco Solano. Cuando los agentes intentaron detenerlos, sus ocupantes aceleraron, comenzó una persecución y se produjo un tiroteo.

En la caja de la camioneta había un armario metálico de aproximadamente 1,65 metros de alto y 65 centímetros de ancho. En su interior viajaba el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, esposado y con los ojos cubiertos. El Ejército Revolucionario del Pueblo lo había secuestrado 304 días antes durante el ataque a la Guarnición Militar de Azul.

Al comprender que la policía podía descubrirlo, uno de sus captores efectuó tres disparos contra él. Ibarzábal no murió combatiendo ni intentando escapar, sino encerrado, debilitado y sin posibilidad de defenderse. Después de diez meses de cautiverio, el ERP prefirió asesinarlo antes que permitir que recuperara la libertad.

Cuando los policías abrieron el armario encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años en un estado de deterioro extremo. Aquella imagen desmentía el trato humanitario proclamado por la organización y mostraba las consecuencias de un secuestro que había mantenido a una familia suspendida entre la esperanza y el miedo.

El militar y el padre

Jorge Roberto Ibarzábal nació el 28 de marzo de 1928 en Juan José Paso, partido de Pehuajó. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1947, egresó como subteniente de Artillería en 1950 y posteriormente obtuvo el título de oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra. En diciembre de 1973 asumió como jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 “Coronel Martiniano Chilavert”, con asiento en Azul.

Estaba casado con Nélida Teresa de Agreda y era padre de Silvia, María José y Roberto. La noche del 19 de enero de 1974 se encontraba con su familia cuando comenzaron los disparos. Ordenó bajar las persianas, hizo que todos se arrojaran al piso y levantó de la cama a su hijo menor, de diez años, para colocarlo a resguardo. Solamente después salió hacia la unidad bajo su mando.

Aquel gesto permite conocer al hombre antes de que el secuestro lo convirtiera en una víctima. Protegió a su familia y luego fue a reunirse con sus subordinados, porque entendía que la responsabilidad del mando le impedía permanecer dentro de su casa mientras el cuartel estaba siendo atacado.

La operación fue realizada por la Compañía “Héroes de Trelew” del ERP, bajo la conducción de Enrique Gorriarán Merlo y Hugo Irurzun. Sus integrantes vestían uniformes verdes, utilizaban cascos y se desplazaban en vehículos preparados para parecerse a los del Ejército, lo que aumentó la confusión durante la noche.

El objetivo consistía en apoderarse de varias toneladas de armas y municiones destinadas a fortalecer el proyecto de guerrilla rural del PRT-ERP. El ataque ocurrió poco más de tres meses después de que Juan Domingo Perón asumiera constitucionalmente la presidencia, porque la organización desconocía la legitimidad del gobierno surgido de las elecciones y sostenía que la lucha armada debía continuar hasta conquistar el poder.

Para ingresar al predio, los atacantes mataron al soldado conscripto Daniel González, que cumplía funciones de centinela. Aunque ocuparon algunos sectores, la resistencia de oficiales, suboficiales y soldados les impidió alcanzar los depósitos de armamento y frustró el propósito principal del operativo.

Ibarzábal se dirigió hacia la vivienda del coronel Camilo Arturo Gay, jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 10 y de la guarnición. Ambos intentaron organizar la defensa, pero fueron interceptados cerca del arroyo Azul. Gay recibió una herida mortal e Ibarzábal fue capturado después de que los guerrilleros amenazaran con asesinar a la familia del primero.

Los familiares de Gay también fueron tomados como rehenes y trasladados a la herrería de la unidad. Durante el enfrentamiento final murió Nilda Cazaux de Gay, mientras el resto consiguió ser liberado. El ERP se retiró sin las armas que había ido a buscar, pero se llevó consigo al jefe del Grupo de Artillería.

Silvia recuerda que su madre salió para donar sangre a Nilda de Gay y, cuando regresó, comunicó a sus hijos que su padre había sido secuestrado. La familia había temido que muriera durante el ataque, pero pronto descubrió una forma distinta de sufrimiento. “No evaluamos que había algo peor”, diría Silvia muchos años después al recordar los diez meses de incertidumbre que comenzaban aquella mañana.

Cartas desde un lugar desconocido

El ERP presentó a Ibarzábal como un “prisionero de guerra” y pretendió canjearlo por miembros de la organización detenidos a disposición de la Justicia. Menos de un mes después del ataque, amenazó con ejecutarlo si el Ejército no informaba sobre dos guerrilleros a quienes consideraba desaparecidos. Cuando las autoridades respondieron con los datos disponibles, la ejecución fue suspendida, aunque su vida continuó sometida a las decisiones de una conducción clandestina.

Durante el cautiverio pudo enviar algunas cartas, pero sus captores controlaban las comunicaciones y le exigían que promoviera el canje. La primera fue publicada por El Mundo, periódico vinculado al PRT-ERP, y afirmaba que se encontraba en una “cárcel del pueblo”, considerado prisionero de guerra, sometido a las normas de Ginebra y tratado correctamente.

No es posible determinar cuánto de ese mensaje expresaba libremente su pensamiento. La publicación servía a la propaganda del ERP, que pretendía presentar el secuestro como una detención militar compatible con el derecho internacional. Las cartas posteriores permiten advertir, sin embargo, la angustia que esa versión intentaba ocultar.

Ibarzábal pidió a Nélida que recurriera a amigos con contactos políticos y militares para impulsar su liberación. En abril escribió a su esposa y a sus hijos que su mayor amargura consistía en no saber cómo se las arreglaban ni poder hacer nada para ayudarlos. Incluso desde el encierro, su preocupación seguía concentrada en la familia que había quedado sin su presencia y protección.

En esa misma comunicación contó que había recibido un ejemplar de El Gráfico y visto una fotografía del comandante general del Ejército, Leandro Anaya, durante un partido entre Boca y River. La imagen le provocó un profundo dolor porque esperaba que las autoridades dedicaran todos los esfuerzos posibles a encontrar a los jefes secuestrados. La revista le mostró que el mundo continuaba con normalidad mientras él permanecía oculto en un lugar desconocido.

Nélida y sus hijos le respondían mediante avisos publicados en los diarios, sin saber si recibiría los periódicos ni cuándo le permitirían leerlos. Cada carta confirmaba que continuaba vivo, pero también recordaba que seguía en manos de una organización que podía ejecutarlo.

La psicología denomina pérdida ambigua al sufrimiento que se produce cuando una persona se encuentra físicamente ausente, pero no existe certeza sobre su muerte. La familia no puede reencontrarse con ella ni iniciar plenamente el duelo, porque la esperanza y el temor permanecen activos al mismo tiempo. Durante diez meses, Nélida y sus hijos vivieron dentro de esa espera.

El cuerpo que desmintió la propaganda

No se conocen todos los lugares donde permaneció Ibarzábal ni las dimensiones exactas de cada recinto. Por lo tanto, no corresponde afirmar que pasó los 304 días dentro del armario encontrado en la camioneta, ya que ese compartimiento fue utilizado durante el traslado final.

Durante una parte del cautiverio compartió el encierro con el empresario Enrique Mendelsohn, quien recuperó la libertad después del pago de un rescate. Según el testimonio que posteriormente transmitió a la familia, ambos estuvieron alojados en recintos semejantes a jaulones, eran privados de sus relojes para que perdieran la noción del tiempo y recibían sedantes durante los traslados.

La ciencia permite comprender los efectos de esas condiciones sin atribuir a Ibarzábal síntomas que no quedaron documentados. Las Reglas Nelson Mandela, aprobadas varias décadas después, consideran prolongado el aislamiento que supera los quince días consecutivos. Aunque no constituyen una norma aplicable retroactivamente, ofrecen un parámetro humanitario para dimensionar un cautiverio que se extendió durante 304 días.

Los estudios médicos relacionan la privación prolongada de contacto humano, actividad física, luz natural y referencias temporales con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, pérdida de orientación y deterioro cognitivo. En el caso de Ibarzábal, la amenaza de ejecución y la incertidumbre sobre su familia aumentaban esa presión, porque desconocía cuánto duraría el encierro y qué decisión adoptarían sus captores.

Cuando fue encontrado, su cuerpo presentaba una emaciación extrema. Algunas publicaciones afirman que pesaba aproximadamente 35 kilos, mientras otras sostienen que había perdido esa cantidad. Ante la falta de acceso público al informe forense completo, ninguna de las dos cifras debería presentarse como indiscutible. Silvia describió el impacto mediante una expresión sencilla: “Él tenía un peso espantoso cuando lo mataron”.

La malnutrición grave no provoca únicamente pérdida de grasa, porque el organismo comienza a consumir también la masa muscular, disminuye la fuerza, debilita la respuesta inmunológica y afecta el funcionamiento de distintos órganos. Aun cuando la documentación consultada no permita establecer si sufrió golpes u otros tormentos directos, su estado corporal, el aislamiento, las amenazas y la ausencia de atención médica independiente resultan incompatibles con cualquier noción seria de trato humanitario.

El ERP aseguró después del asesinato que había procurado preservar su vida y respetado las leyes internacionales. El cuerpo recuperado mostró el resultado concreto de aquella pretendida protección.

Un rehén sin derechos

El 19 de noviembre, los captores colocaron a Ibarzábal dentro del armario y lo trasladaron en una camioneta acompañada por otros dos vehículos. Alrededor de las siete de la tarde, una patrulla policial intentó detener la caravana en la intersección de las avenidas Donato Álvarez y San Martín, en San Francisco Solano.

Las reconstrucciones atribuyen los disparos a Sergio Dicovsky, mencionado en documentos y publicaciones también como Sergio Gustavo Licowsky, conocido como “el Polaco”. Las diferencias en la identificación aconsejan mantener cierta reserva hasta acceder al expediente policial completo, aunque no modifican la responsabilidad del grupo encargado del traslado.

Uno de sus integrantes efectuó tres disparos contra un hombre esposado y con los ojos cubiertos. Silvia resumió la escena con una frase que conserva toda su crudeza: “Le dio tres tiros a mi padre”.

El propio ERP sostuvo posteriormente que el enfrentamiento con la policía había obligado a “ajusticiar al detenido”. Esa expresión demuestra que la muerte no fue producto de una bala perdida, sino de una decisión destinada a impedir que el rehén fuera rescatado con vida.

Las organizaciones armadas utilizaban términos como ejército, estado mayor, prisionero de guerra, tribunal revolucionario y “cárcel del pueblo” para presentarse como fuerzas beligerantes. Sin embargo, el lenguaje militar no concede legitimidad jurídica ni reemplaza el cumplimiento de las obligaciones que rigen incluso durante una guerra.

Si se considera que la violencia argentina había alcanzado el umbral de un conflicto armado no internacional —una clasificación todavía discutida—, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohibía la toma de rehenes, el homicidio de personas puestas fuera de combate, los tratos crueles y las condenas sin un tribunal legítimo. Si aquel umbral no se había alcanzado, las normas penales ordinarias prohibían igualmente secuestrar, amenazar y matar.

En ninguno de los dos marcos era lícito utilizar a Ibarzábal para obtener la libertad de terceros. No existió una acusación que pudiera refutar, un juez independiente ni una autoridad neutral que supervisara su estado. El ERP actuó simultáneamente como captor, acusador, carcelero y ejecutor.

Las palabras utilizadas ocultaban esa realidad: “detenido” reemplazaba a secuestrado, “cárcel” disimulaba el escondite clandestino, “prisionero de guerra” encubría al rehén y “ajusticiamiento” pretendía otorgar dignidad militar al asesinato de un hombre indefenso.

¿Por qué su crimen no fue considerado de lesa humanidad?

En 2007, Silvia Ibarzábal anunció que pediría que el secuestro y asesinato de su padre fueran investigados como delitos de lesa humanidad. La gravedad moral del hecho es indiscutible, aunque esa categoría jurídica exige condiciones específicas y no se aplica automáticamente a todo crimen atroz o motivado políticamente.

El Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como determinados actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese contexto. En este caso, el debate consiste en determinar si una organización no estatal como el PRT-ERP reunía los requisitos necesarios y si sus operaciones integraban un ataque de esas características.

En Lariz Iriondo, resuelto en 2005, la Corte Suprema argentina consideró que el derecho internacional no permitía calificar automáticamente como delitos de lesa humanidad a todos los actos terroristas. Sobre esa base, la jurisprudencia trató los crímenes de las organizaciones guerrilleras como delitos comunes sujetos a prescripción, posición cuestionada por juristas y familiares de las víctimas.

La discusión jurídica no debería convertirse en una clasificación moral del sufrimiento. Que un crimen no haya recibido la calificación de lesa humanidad no disminuye la dignidad de quien lo padeció ni vuelve menos grave su asesinato.

Silvia expresó esa convicción sin negar el dolor de otras familias. Al referirse a quienes todavía buscan los restos de sus hijos, afirmó que “no hay un dolor peor que el otro”. También definió a las víctimas de las organizaciones armadas como “víctimas selectivamente olvidadas”, porque muchas de ellas no encontraron un lugar equivalente dentro de la memoria pública.

Jorge Roberto Ibarzábal fue ascendido póstumamente al grado de coronel. Sus restos fueron velados en el Regimiento de Patricios e inhumados en el Panteón Militar del Cementerio de la Chacarita. Su historia, sin embargo, no pertenece solamente al Ejército, porque obliga a preguntar si puede existir una verdadera cultura de los derechos humanos cuando el reconocimiento depende de quién fue la víctima y de quién sostuvo el arma.

Durante 304 días, el ERP mantuvo a Ibarzábal oculto, controló sus comunicaciones y condicionó su vida al cumplimiento de exigencias políticas. Cuando la policía estuvo cerca de encontrarlo, sus captores eligieron matarlo antes que devolverlo a su familia.

Recordarlo no exige negar ningún otro sufrimiento ni disputar el lugar de víctima. Exige aplicar un principio elemental de justicia: todos los seres humanos poseen la misma dignidad y todo crimen debe ser reconocido con independencia de la identidad, la ideología o el uniforme de quien lo padeció.

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