Corsarios: la guerra en manos privadas

Patentes, reglas, fortunas y aventuras desde la Inglaterra de Isabel I hasta la Independencia americana

Durante siglos, los Estados que necesitaban combatir en el mar, pero carecían de una escuadra suficiente, recurrieron a una solución eficaz y peligrosa: autorizaron a particulares para atacar el comercio enemigo.

Esos navegantes eran los corsarios. Armaban sus barcos, reunían tripulaciones y asumían los riesgos de cada expedición. A cambio, recibían una parte del valor de las embarcaciones y mercancías capturadas.

No pertenecían necesariamente a una marina regular ni cobraban un salario estatal. Sin embargo, tampoco actuaban fuera de toda norma. Una patente expedida por un gobierno convertía aquella iniciativa privada en un instrumento de guerra.

La legalidad podía ser frágil. Dependía de la vigencia del documento, de la nacionalidad del barco atacado y de la decisión de un tribunal. Un corsario reconocido como combatiente por su propio país podía ser considerado pirata por el enemigo.

¿Qué diferenciaba al corsario del pirata?

El pirata actuaba sin autorización estatal y atacaba embarcaciones por cuenta propia. No limitaba sus acciones a un enemigo determinado ni necesitaba que existiera una guerra. Por ese motivo era considerado un delincuente y podía ser perseguido por cualquier potencia.

El corsario recibía una patente de corso, también conocida en algunos países como carta de marca o de represalia. Ese documento le permitía capturar barcos y bienes pertenecientes a los enemigos señalados por la autoridad que lo expedía.

La patente no era una autorización para saquear indiscriminadamente. Establecía quién podía dirigir la expedición, qué embarcación quedaba habilitada, contra qué potencia podía operar, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Si el capitán atacaba una nave neutral, se apropiaba del cargamento sin someterlo a juicio o continuaba combatiendo después de terminada la guerra, perdía la protección del documento. Entonces podía ser procesado como pirata.

Por eso, definir al corsario como un “pirata autorizado” resulta atractivo, pero impreciso. Era, más bien, un particular incorporado temporalmente al esfuerzo militar y económico de un Estado.

También existieron bucaneros y filibusteros, especialmente en el Caribe. Algunos recibieron autorizaciones ocasionales; otros actuaron por cuenta propia o aprovecharon documentos ambiguos. Las diferencias entre ellos nunca fueron completamente rígidas y variaron según la época, las leyes y los intereses de cada potencia.

La patente y sus obligaciones

La patente identificaba al capitán, al propietario o armador y al barco autorizado. También podía indicar:

·          Los enemigos contra los cuales estaba permitido actuar.

·          La zona y el tiempo de operaciones.

·          La obligación de respetar a neutrales y aliados.

·          El procedimiento para detener y registrar embarcaciones.

·          El trato debido a los prisioneros.

·          La presentación de las capturas ante un tribunal.

·          La participación correspondiente al gobierno.

·          Las garantías exigidas para responder por posibles abusos.

En muchos casos, el armador debía depositar una fianza. Si el corsario atacaba ilegalmente a un neutral o incumplía sus instrucciones, esa suma podía destinarse al pago de indemnizaciones.

La autorización perdía validez cuando vencía el plazo establecido, el gobierno la revocaba o finalizaba el conflicto. El problema era que las noticias tardaban semanas o meses en atravesar los océanos. Un capitán podía realizar una captura sin saber que la paz ya había sido firmada y encontrarse luego obligado a defenderse ante la justicia.

¿Cómo se financiaba una expedición?

Preparar un barco corsario exigía una inversión considerable. Había que comprar o alquilar la nave, reforzarla, instalar cañones y adquirir pólvora, municiones, alimentos, agua, medicamentos y elementos de navegación.

El capital podía proceder de un armador, una sociedad de comerciantes o varios inversores. En ocasiones, funcionarios y miembros de la corte participaban discretamente del negocio.

Para los gobiernos, el sistema tenía una ventaja evidente: permitía ampliar la capacidad naval sin afrontar todo el costo de construir, equipar y mantener una flota. Los particulares asumían el riesgo económico y el Estado recibía una parte de los beneficios.

La tripulación podía incluir oficiales, pilotos, artilleros, marineros, carpinteros, cirujanos, cocineros y soldados. Antes de partir, sus miembros firmaban contratos donde se establecían la disciplina y el reparto de las ganancias.

No existió un porcentaje universal. Cada país y expedición aplicaba reglas diferentes. Una vez vendida la presa, se descontaban los gastos, impuestos, derechos judiciales y participaciones del gobierno y de los inversores. El remanente se distribuía entre el capitán, los oficiales y la tripulación. Los rangos superiores recibían porciones mayores.

Algunos acuerdos contemplaban indemnizaciones por heridas o mutilaciones. Esas compensaciones se pagaban antes del reparto general y respondían a una realidad brutal: un solo combate podía dejar a un hombre incapacitado para trabajar durante el resto de su vida.

El tribunal de presas

Capturar un barco no bastaba para convertirse en su propietario. El corsario debía conducirlo hasta un puerto amigo y someter el caso a un tribunal de presas.

Los jueces examinaban la matrícula, la bandera, la correspondencia, los manifiestos de carga y los testimonios de las tripulaciones. Con esos elementos determinaban la nacionalidad de la nave y el origen de las mercancías.

Si la captura respetaba la patente y las leyes marítimas, era declarada “buena presa”. El barco y su cargamento podían venderse y comenzaba entonces la distribución del dinero.

Si se comprobaba que la nave pertenecía a un país neutral, poseía un salvoconducto o transportaba bienes protegidos, debía ser liberada. El capitán podía perder su fianza, pagar una indemnización o enfrentar cargos penales.

La documentación conservada en el Royal Museums Greenwich muestra que el reparto generaba libros contables, agentes, reclamos y largos litigios. El botín no se dividía simplemente sobre la cubierta después del combate: debía atravesar un complejo procedimiento judicial y administrativo. Royal Museums Greenwich

Una fortuna que podía no llegar

El corso ofrecía la posibilidad de enriquecerse, pero las ganancias nunca estaban aseguradas. Una tempestad podía destruir la nave; una epidemia, diezmar a la tripulación; un buque de guerra enemigo, convertir a los cazadores en prisioneros.

También podía perderse la presa antes de llegar a puerto o descubrirse que el cargamento tenía menor valor del esperado. Los juicios se prolongaban y los gastos consumían buena parte del producto.

Las disputas internas eran frecuentes. Los marineros podían amotinarse si faltaban alimentos, se retrasaba el pago o sospechaban que el capitán ocultaba mercancías.

Existía, además, una contradicción entre el objetivo estratégico y el interés económico. Destruir un barco enemigo o bloquear un puerto podía beneficiar al gobierno, pero no siempre producía bienes para repartir. El Estado buscaba debilitar al adversario; armadores y tripulantes esperaban recuperar su inversión y obtener ganancias.

Inglaterra y sus “perros de mar”

Inglaterra utilizó el corso como una herramienta central durante su rivalidad con España. En el reinado de Isabel I, navegantes como Francis Drake, John Hawkins y Martin Frobisher atacaron barcos, puertos y posesiones españolas.

La Corona podía respaldar o financiar estas expediciones sin reconocer abiertamente su participación. De ese modo, debilitaba a España, obtenía información sobre sus rutas y compartía los beneficios sin asumir siempre una guerra declarada.

Francis Drake fue el más célebre de aquellos “perros de mar”. Entre 1577 y 1580 completó una circunnavegación durante la cual atacó posiciones y embarcaciones españolas. Regresó con un cargamento extraordinario y fue armado caballero por Isabel I.

Su figura resume el carácter político del corso. Para Inglaterra era un navegante, combatiente y héroe nacional. Para España era “El Draque”, un enemigo responsable del saqueo de sus puertos y navíos. Historic UK

Drake no fue solamente un aventurero privado. También cumplió funciones navales regulares y participó en 1588 en la lucha contra la Armada Invencible. Su trayectoria muestra cómo un mismo marino podía alternar exploración, comercio, corso y servicio militar.

Morgan y la guerra del Caribe

El galés Henry Morgan actuó durante el siglo XVII contra las posesiones españolas del Caribe. Con autorizaciones inglesas, dirigió campañas sobre Portobelo, Maracaibo y Panamá.

Sus expediciones combinaron objetivos militares, ambiciones económicas y extrema violencia. La distancia respecto de las autoridades permitía interpretar las órdenes con gran amplitud, especialmente cuando el saqueo beneficiaba a los intereses coloniales ingleses.

Después del ataque a Panamá, Morgan fue enviado a Inglaterra en un contexto de tensiones diplomáticas con España. Sin embargo, no terminó condenado como pirata. Fue nombrado caballero y regresó a Jamaica como autoridad colonial.

Su carrera demuestra que las categorías de corsario, héroe y criminal no dependían únicamente de las acciones realizadas. También influían la nacionalidad del tribunal, las relaciones diplomáticas y la utilidad política del acusado.

El capitán Kidd y la caída en desgracia

William Kidd comenzó su trayectoria al servicio de Inglaterra y combatió contra los franceses. Más tarde recibió una comisión para perseguir piratas y capturar embarcaciones enemigas en el océano Índico.

La expedición obtuvo pocos resultados, escasearon los recursos y aumentaron los conflictos con la tripulación. Kidd terminó capturando una nave cuya situación jurídica era discutida.

Cuando regresó, sus antiguos protectores se apartaron de él. Fue acusado de piratería, trasladado a Londres y ejecutado en 1701.

Había zarpado con autorización oficial y terminó en la horca. Su historia revela que la patente no ofrecía protección ilimitada y que un gobierno podía abandonar a un corsario cuando sus acciones provocaban un problema diplomático. Historic UK

El corso en el Río de la Plata

Esta forma de guerra ya era conocida en la región antes de la Revolución de Mayo. Durante los conflictos entre España y Gran Bretaña, los virreyes podían conceder patentes para atacar el comercio inglés.

Montevideo contó con un tribunal encargado de juzgar las capturas. Allí actuaron marinos como Juan Bautista Azopardo, quien en 1805 sirvió como segundo comandante de la fragata corsaria Dromedario, autorizada por el virrey para operar contra embarcaciones británicas. Armada Argentina

La trayectoria de Azopardo refleja una característica del mundo marítimo de la época. Los navegantes profesionales podían servir bajo distintas banderas, de acuerdo con las guerras, las alianzas y los contratos disponibles.

Después de 1810, varios de ellos pusieron su experiencia al servicio de la revolución.

Los corsarios de las Provincias Unidas

El gobierno surgido de la Revolución de Mayo debía combatir a España, pero carecía de recursos para mantener una marina capaz de operar en océanos lejanos.

Las patentes de corso permitieron incorporar barcos privados, capitales particulares y tripulaciones extranjeras. Atacar el comercio español obligaba a la Corona a dispersar sus fuerzas, aumentaba los costos de navegación, interrumpía el abastecimiento de los puertos realistas y difundía la existencia de las Provincias Unidas.

Aquellos corsarios eran rioplatenses por la bandera y la autoridad bajo las cuales actuaban, aunque muchos hubieran nacido en otros países. Guillermo Brown era irlandés; Hipólito Bouchard, francés; Juan Bautista Azopardo, maltés. Sus recorridos muestran el carácter internacional de las guerras de Independencia.

Brown lleva la guerra al Pacífico

Después de la caída de Montevideo en 1814, el gobierno desarmó gran parte de la escuadra comandada por Guillermo Brown. Poco después volvió a recurrir a él para hostigar las posiciones españolas del Pacífico.

En 1815, Brown inició una campaña corsaria con la fragata Hércules y otras embarcaciones, entre ellas la corbeta Halcón, al mando de Hipólito Bouchard. La flotilla operó en las costas de Chile, Perú y Ecuador, atacó el comercio realista y cañoneó las defensas del Callao.

La expedición llegó hasta Guayaquil, donde Brown fue capturado y luego liberado ante la presión de sus compañeros. El regreso estuvo marcado por el hambre, los conflictos y las disputas sobre la propiedad de las presas.

Buques británicos interceptaron a Brown y lo despojaron de gran parte de lo capturado. El marino debió sostener un prolongado litigio en Londres y solo consiguió recuperar una porción de sus bienes. Instituto Nacional Browniano

Aunque la campaña no eliminó el poder español, perjudicó sus comunicaciones y anticipó la importancia que tendría el control del Pacífico para la expedición libertadora de San Martín.

Bouchard y la vuelta al mundo

La expedición más famosa del corso de las Provincias Unidas comenzó el 9 de julio de 1817. En el primer aniversario de la Independencia, Hipólito Bouchard zarpó de la ensenada de Barragán al mando de la fragata La Argentina.

Su misión consistía en atacar el comercio español y llevar la guerra a rutas alejadas de América. Durante dos años atravesó el Atlántico, navegó por el océano Índico, recaló en Madagascar y continuó hacia las Filipinas.

En Hawái recuperó la corbeta Santa Rosa, cuya tripulación se había sublevado. Después se dirigió a la costa americana del Pacífico. En noviembre de 1818 atacó Monterrey, capital de la Alta California española. Sus hombres desembarcaron, ocuparon el fuerte y mantuvieron brevemente el control de la población.

La expedición continuó hacia América Central. En El Realejo, actual Nicaragua, capturó dos barcos españoles y destruyó otros dos.

La Argentina llegó a Valparaíso en julio de 1819, después de completar la primera circunnavegación realizada por una nave bajo bandera de las Provincias Unidas. Según la Armada Argentina, durante el viaje Bouchard participó en trece acciones importantes y capturó o destruyó veintiséis embarcaciones. Armada Argentina

El desenlace volvió a mostrar la fragilidad jurídica del corso. Al arribar a Valparaíso, Bouchard fue detenido por orden de lord Thomas Cochrane y debió responder a una acusación de piratería. Después de dos años de navegación amparado por una patente, todavía tenía que demostrar la legalidad de sus capturas.

El final del corso

Con el desarrollo de las marinas permanentes, los gobiernos tuvieron menos necesidad de recurrir a particulares armados. También aumentó la preocupación por los ataques contra neutrales y por la dificultad de controlar a capitanes que operaban durante meses lejos de toda autoridad.

El 16 de abril de 1856, luego de la Guerra de Crimea, varias potencias aprobaron la Declaración de París sobre derecho marítimo. Su primera disposición estableció la abolición del corso. El acuerdo reguló además la protección de los bienes neutrales y la validez de los bloqueos navales. Comité Internacional de la Cruz Roja

No todos los países adhirieron inmediatamente, pero la declaración marcó el ocaso del sistema. La guerra naval quedó progresivamente reservada a las fuerzas regulares de los Estados.

Entre la ley, el patriotismo y la fortuna

Los corsarios no fueron simplemente piratas ni marinos convencionales. Eran combatientes particulares cuyos intereses se cruzaban con las necesidades de los gobiernos.

Algunos actuaron por patriotismo; otros buscaron enriquecerse. La mayoría combinó ambas motivaciones. Sus campañas alteraron rutas comerciales, obligaron al enemigo a dispersar sus fuerzas y llevaron guerras locales hasta puertos situados a miles de kilómetros.

Drake fue héroe para Inglaterra y criminal para España. Morgan saqueó ciudades y terminó convertido en caballero. Kidd partió con autorización oficial y murió acusado de piratería. Brown perdió sus presas en los tribunales británicos. Bouchard llevó la bandera de las Provincias Unidas alrededor del mundo y, al regresar, debió defender la legitimidad de sus actos.

Sus vidas muestran la verdadera naturaleza del corso: una forma de guerra situada en la frontera entre el servicio público y el beneficio privado, entre la disciplina legal y la aventura, entre la gloria nacional y la condena por piratería.

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