LA GUERRA DE OTROS QUE LOS ARGENTINOS HICIMOS NUESTRA: NUNCA MÁS
Montoneros, ERP, represión ilegal y el tablero geopolítico que condujo al país hacia el abismo
El 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sabato entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La documentación reunida registraba 8.961 personas desaparecidas y la existencia de centenares de centros clandestinos de detención.
La cifra no pretendía ser definitiva. Correspondía a los casos que la CONADEP había conseguido documentar durante sus nueve meses de trabajo. Su importancia consistía en demostrar que las desapariciones no habían sido hechos aislados ni simples excesos individuales, sino parte de un sistema clandestino organizado mediante estructuras estatales.
El Nunca Más no pretendió ofrecer una historia completa de la violencia política argentina. El mandato específico de la CONADEP fue investigar la desaparición forzada de personas y, vinculados con ella, los secuestros, las torturas, los centros clandestinos de detención, los asesinatos y la apropiación de niños.
Por esa razón, el informe no estudió integralmente la actuación de las organizaciones armadas ni reconstruyó todo el proceso de violencia que precedió al golpe de Estado de 1976. Para comprender cómo llegó la Argentina a aquel abismo también es necesario analizar el surgimiento y la actuación de esas organizaciones, la violencia política y la represión ilegal anteriores al golpe, las decisiones adoptadas por los gobiernos constitucionales y militares, y el escenario internacional de la Guerra Fría.
Reconocer los límites del mandato de la CONADEP no disminuye el valor documental y moral del Nunca Más. Simplemente permite comprender qué investigó, qué demostró y cuáles son los aspectos de aquella tragedia histórica que requieren otras fuentes y estudios.
El mundo dividido en dos
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron la influencia mundial. Numerosos conflictos nacionales comenzaron a ser interpretados como episodios de un enfrentamiento universal entre capitalismo y comunismo.
La Revolución cubana de 1959 tuvo un impacto extraordinario. Para miles de jóvenes latinoamericanos demostraba que un pequeño grupo armado podía iniciar una revolución, derrotar a un ejército regular y transformar una sociedad.
Cuba se convirtió en referencia, centro de formación y punto de contacto para distintos movimientos revolucionarios. Vietnam, Argelia y las guerras de liberación del llamado Tercer Mundo reforzaron la convicción de que la violencia podía ser una herramienta legítima para conquistar el poder.
El concepto de Tercer Mundo era principalmente político y geopolítico. Designaba a países que buscaban liberarse del colonialismo, superar la dependencia y encontrar un camino propio frente a los dos grandes bloques.
No debe confundirse con la Teología de la Liberación, corriente cristiana latinoamericana que vinculó la fe con la defensa de los pobres y la transformación social. Aunque existieron contactos y coincidencias, tampoco fueron equivalentes el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y las organizaciones guerrilleras.
Estados Unidos respondió al avance revolucionario mediante una política de contención del comunismo. La defensa hemisférica dejó de concentrarse exclusivamente en las agresiones exteriores y comenzó a prestar atención al denominado “enemigo interno”.
No existió un único documento estadounidense denominado “Doctrina de Seguridad Regional” que fuera aplicado mecánicamente por todos los países. Hubo tratados, programas de asistencia, cursos, manuales, misiones militares e intercambios de inteligencia que difundieron una determinada visión de la seguridad continental.
Dentro de ese proceso se desarrolló la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas comenzaron a prepararse no solamente para defender sus fronteras, sino también para enfrentar movimientos revolucionarios dentro de sus territorios.
Montoneros: la revolución desde el peronismo
Montoneros apareció públicamente en 1970 con el secuestro y asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Sus fundadores provenían principalmente del nacionalismo católico y evolucionaron hacia una combinación de peronismo revolucionario, nacionalismo popular y socialismo.
La organización consideraba que Juan Domingo Perón podía conducir un proceso de liberación nacional. La lucha armada contribuiría a acelerar su regreso y derrotar a quienes impedían la participación política del peronismo.
El retorno de la democracia en 1973 modificó las condiciones políticas, pero no terminó con la violencia. La conducción montonera conservó su estructura armada y entró en conflicto con otros sectores del movimiento peronista.
La ruptura con Perón se profundizó durante 1974. En septiembre, después de la muerte del expresidente, Montoneros anunció su regreso a la clandestinidad. Desde allí continuó realizando secuestros, atentados, asesinatos y ataques contra instalaciones militares y fuerzas de seguridad, aun bajo un gobierno constitucional.
Su conducción se concibió como la vanguardia de un ejército popular. Sin embargo, cuanto más militarizaba su actividad, más se alejaba del consentimiento social que decía representar. Las armas fueron colocadas por encima de las instituciones y de la voluntad expresada en las urnas.
El ERP: la revolución marxista
El Ejército Revolucionario del Pueblo era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, conducido por Mario Roberto Santucho. A diferencia de Montoneros, no era peronista. Respondía a una concepción marxista, revolucionaria e internacionalista.
El PRT-ERP sostenía que la Argentina estaba sometida al capitalismo y al imperialismo. Su objetivo era destruir el orden político, económico y social existente para establecer una sociedad socialista.
Por esa razón, no abandonó las armas después de las elecciones de 1973. Realizó secuestros extorsivos, asesinatos, copamientos y ataques contra unidades militares. Intentó establecer una fuerza rural en Tucumán y protagonizó acciones como los ataques al Regimiento de Azul, la Fábrica Militar de Villa María y el Batallón de Arsenales de Monte Chingolo.
Montoneros y el ERP no eran organizaciones idénticas. Montoneros pretendía realizar la revolución desde el peronismo. El ERP sostenía un proyecto marxista que consideraba al propio peronismo parte del sistema que debía ser superado.
Ambas organizaciones, sin embargo, compartieron una decisión fundamental: continuar la lucha armada y subordinar las instituciones democráticas a sus proyectos revolucionarios. Sus acciones provocaron víctimas entre civiles, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, dirigentes políticos, sindicalistas y empresarios.
Reconocer a esas víctimas es indispensable. Sus muertes, heridas y padecimientos no pueden ser omitidos ni convertidos en daños secundarios de una historia contada desde una sola perspectiva.
La respuesta occidental
Frente al avance de los movimientos revolucionarios, Estados Unidos impulsó una estrategia continental de seguridad. El comunismo dejó de ser considerado únicamente una ideología o una fuerza política y pasó a ser presentado como una amenaza capaz de infiltrarse en sindicatos, universidades, parroquias, medios de comunicación y organizaciones sociales.
La influencia estadounidense se manifestó mediante asistencia militar, cursos, intercambio de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente. Sin embargo, esa intervención no explica por sí sola el camino seguido por la Argentina.
También resultó importante la doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria. Las experiencias de Indochina y Argelia concedían un papel central a la inteligencia, el control territorial, la infiltración de las organizaciones y la obtención de información mediante interrogatorios.
Oficiales franceses transmitieron esas concepciones en la Argentina desde fines de la década de 1950. Posteriormente, varios de sus principios fueron incorporados a reglamentos, cursos y formas nacionales de planeamiento.
Las influencias estadounidenses y francesas se combinaron con conflictos sociales, tradiciones políticas y concepciones propias de la Argentina. Los mandos nacionales no fueron instrumentos carentes de capacidad de decisión. Recibieron doctrinas extranjeras, pero las interpretaron, seleccionaron y adaptaron.
Las grandes potencias proporcionaron ideas, entrenamiento, vínculos y respaldo. Las decisiones concretas fueron adoptadas por autoridades argentinas.
La violencia anterior al golpe
La violencia política y la represión ilegal no comenzaron el 24 de marzo de 1976. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón actuó la Triple A, una organización parapolicial relacionada con funcionarios y estructuras estatales.
La Triple A y otros grupos semejantes asesinaron y amenazaron a militantes, intelectuales, sindicalistas, abogados, religiosos y opositores. Sus acciones extendieron el miedo y debilitaron todavía más el orden institucional.
En febrero de 1975, el Decreto 261 ordenó al Ejército intervenir en Tucumán para ejecutar las operaciones necesarias destinadas a “neutralizar o aniquilar” el accionar de los elementos subversivos.
En octubre de ese año, durante el interinato presidencial de Ítalo Luder, los decretos 2770, 2771 y 2772 extendieron la intervención de las Fuerzas Armadas y la misión de combatir la actividad armada a todo el territorio nacional.
El Estado tenía el derecho y la obligación de proteger a la población, impedir atentados, liberar secuestrados y detener a quienes cometieran delitos. También contaba con leyes, jueces, fuerzas policiales, establecimientos penitenciarios y procedimientos judiciales.
La orden de “aniquilar el accionar subversivo” no autorizaba jurídicamente a secuestrar, torturar, asesinar prisioneros o hacer desaparecer personas. La responsabilidad penal debía determinarse mediante tribunales y respetando las garantías establecidas por la Constitución.
Ese límite comenzó a quebrarse antes del golpe. Después del 24 de marzo de 1976, el sistema clandestino adquirió una extensión y una organización mucho mayores.
El golpe y el sistema clandestino
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional y establecieron el denominado Proceso de Reorganización Nacional.
Es necesario hablar con precisión. No todos los integrantes de las Fuerzas Armadas conocieron, ordenaron o ejecutaron delitos. Las responsabilidades correspondieron a las autoridades que diseñaron el sistema, a los mandos que impartieron o transmitieron órdenes y a quienes participaron materialmente en acciones ilegales.
Durante el gobierno de facto se aplicó un mecanismo clandestino de secuestro, interrogatorio, tortura, detención secreta y desaparición. Su organización utilizó zonas militares, cadenas de mando, unidades, personal, vehículos, instalaciones y recursos estatales.
El concepto de enemigo dejó de limitarse al integrante armado de una organización. La persecución alcanzó también a trabajadores, estudiantes, docentes, periodistas, profesionales, religiosos, familiares y personas relacionadas real o supuestamente con determinadas actividades políticas.
El detenido desaparecía del mundo jurídico. No existían orden judicial, abogado defensor, expediente público ni información para su familia. La clandestinidad permitía interrogar, torturar, asesinar y ocultar posteriormente lo sucedido.
El gobierno argentino se incorporó además al Plan Cóndor, un sistema de coordinación entre países sudamericanos para localizar, vigilar, detener y trasladar opositores a través de las fronteras.
Las potencias y sus intereses
Documentos desclasificados muestran que funcionarios estadounidenses conocían las violaciones de los derechos humanos cometidas en la Argentina.
Henry Kissinger transmitió a las autoridades argentinas señales favorables a una rápida resolución de la lucha contra las organizaciones armadas. Al mismo tiempo, diplomáticos estadounidenses advertían sobre los secuestros, las torturas y los asesinatos clandestinos.
Con la presidencia de Jimmy Carter, Estados Unidos incrementó la presión relacionada con los derechos humanos. Este cambio demostró que tampoco existió una política estadounidense uniforme durante todo el período.
La Unión Soviética mantuvo, por su parte, relaciones comerciales pragmáticas con el gobierno argentino. La compra soviética de cereales adquirió especial importancia después de que la Argentina se negara a acompañar el embargo impulsado por Washington tras la invasión de Afganistán.
Cuba apoyó movimientos revolucionarios latinoamericanos, pero sus decisiones también respondieron a sus intereses y a su relación con la Unión Soviética.
El mundo no estaba dividido de una manera tan perfecta como indicaban las consignas. Las grandes potencias defendían principios cuando coincidían con sus necesidades estratégicas y los relativizaban cuando afectaban sus intereses.
La guerra de otros que hicimos nuestra
Las organizaciones guerrilleras interpretaron la Argentina mediante los ejemplos de Cuba, Vietnam, Argelia y las revoluciones del Tercer Mundo. Determinados sectores militares analizaron el país a través de las doctrinas de seguridad y contrainsurgencia desarrolladas en Estados Unidos y Francia.
Cada sector creyó participar en una batalla universal. Para unos, el adversario representaba al imperialismo, la dependencia y la oligarquía. Para otros, formaba parte de una conspiración comunista internacional.
La persona concreta desapareció detrás de una categoría ideológica. Ya no se veía a un compatriota, sino a un “enemigo del pueblo”, un “reaccionario”, un “subversivo” o un “infiltrado”. Esa deshumanización permitió justificar acciones que en otras circunstancias habrían resultado inadmisibles.
Las potencias proporcionaron doctrinas, ejemplos, entrenamiento, vínculos y apoyos. Sin embargo, los argentinos no fueron simples espectadores. Fueron actores nacionales quienes aceptaron transformar diferencias políticas y sociales en una confrontación absoluta.
La democracia ante los crímenes
Raúl Alfonsín asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 1983. Tres días después adoptó una decisión que resulta indispensable para comprender la política inicial de la democracia.
El Decreto 157 ordenó promover la persecución penal de siete dirigentes relacionados con Montoneros y el PRT-ERP por hechos cometidos después del 25 de mayo de 1973. Los alcanzados fueron Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti, Héctor Pardo, Ricardo Obregón Cano y Enrique Gorriarán Merlo.
El decreto dio lugar a causas judiciales, pedidos de captura y solicitudes de extradición. No todos los acusados, sin embargo, quedaron a disposición de la Justicia ni tuvieron el mismo recorrido procesal.
Mario Firmenich fue detenido en Brasil en 1984, extraditado a la Argentina y condenado por diferentes delitos cometidos por Montoneros. Permaneció encarcelado hasta que fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990.
Ricardo Obregón Cano regresó al país, fue detenido y sometido a proceso. Otros dirigentes permanecieron en el exterior o no pudieron ser juzgados durante aquellos años. Existió, por consiguiente, una decisión política y judicial de investigar a las conducciones guerrilleras, pero sus resultados fueron parciales y diferentes en cada causa.
El Decreto 158 dispuso someter a juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. No ordenó juzgar colectivamente a las Fuerzas Armadas, sino investigar la responsabilidad de quienes habían ejercido las máximas posiciones de conducción durante el gobierno de facto.
Ambos decretos expresaban un principio: la democracia debía responder mediante jueces, pruebas, defensas y sentencias. No mediante ejecuciones clandestinas ni venganzas.
La CONADEP y su misión específica
El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas mediante el Decreto 187.
La CONADEP no fue establecida para escribir una historia general de la violencia política. Su misión consistía en recibir denuncias sobre desaparecidos, averiguar su destino, identificar lugares de detención y reunir pruebas para ponerlas a disposición de la Justicia.
Por esa razón, el Nunca Más se concentra en el funcionamiento del sistema clandestino estatal. La ausencia de una investigación detallada sobre todos los atentados cometidos por las organizaciones guerrilleras no significa que el gobierno democrático desconociera esos delitos. Su persecución había sido encomendada a la Justicia mediante el Decreto 157.
La CONADEP y las causas contra las conducciones de Montoneros y del ERP fueron procedimientos diferentes destinados a investigar responsabilidades distintas.
El informe no debe leerse como si pretendiera contener toda la historia de la década de 1970. Su objeto era más limitado, pero también fundamental: documentar la desaparición forzada de personas y los delitos relacionados con ella.
El Nunca Más y los “dos demonios”
Los decretos 157 y 158 fueron posteriormente relacionados con la llamada “teoría de los dos demonios”. Sin embargo, esa expresión no aparece en el informe de la CONADEP.
El prólogo original del Nunca Más señalaba que la Argentina había sido convulsionada por la violencia de la extrema derecha y de la extrema izquierda. También establecía que la respuesta de quienes controlaban el Estado había adquirido características diferentes al utilizar clandestinamente sus instituciones, personal y recursos.
Reconocer los asesinatos, secuestros y atentados cometidos por Montoneros y el ERP no justifica la represión ilegal. Condenar las desapariciones tampoco exige silenciar a las víctimas de las organizaciones armadas.
La diferencia jurídica reside en la naturaleza de las responsabilidades. Los integrantes de una organización armada responden penalmente por los delitos que ordenaron, planificaron o ejecutaron. Los funcionarios y agentes estatales tienen, además, la obligación de actuar dentro de la ley y garantizar los derechos de las personas que quedan bajo su custodia.
El Estado debía combatir a las organizaciones armadas y proteger a la sociedad. Lo que no podía hacer era sustituir la Justicia por un sistema secreto de secuestro, tortura y desaparición.
No se trata de decidir qué víctima merece ser recordada y cuál debe ser olvidada. Se trata de establecer los hechos, reconocer todos los sufrimientos y atribuir a cada responsable las acciones que puedan ser demostradas ante la Justicia.
El Juicio a las Juntas
La documentación reunida por la CONADEP resultó fundamental para el Juicio a las Juntas de 1985.
La Cámara Federal condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua; a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión; a Armando Lambruschini a ocho años, y a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Los demás acusados fueron absueltos.
La sentencia no condenó a una institución completa ni a todos sus integrantes. Estableció responsabilidades personales sobre la base de testimonios, documentos y pruebas examinadas durante un proceso público.
Esa diferencia es esencial. La democracia no respondió mediante una condena colectiva, sino mediante tribunales civiles, derecho de defensa y sentencias individualizadas.
Posteriormente, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida limitaron las investigaciones relacionadas con la represión ilegal. Los indultos de 1989 y 1990 beneficiaron tanto a autoridades militares como a dirigentes de las organizaciones armadas.
Años después, las causas por delitos de lesa humanidad fueron reabiertas debido a su carácter imprescriptible. Los delitos atribuidos a las organizaciones guerrilleras fueron considerados, en términos generales, delitos comunes y quedaron sometidos a otro régimen jurídico.
La recuperación de una mirada propia
La entrega del informe el 20 de septiembre de 1984 representó algo más que la finalización de una investigación. Fue uno de los momentos en los que la Argentina comenzó a abandonar las categorías absolutas de la Guerra Fría para examinar su tragedia desde el derecho.
La CONADEP no respondió a la clandestinidad con otra clandestinidad. Recibió testimonios, inspeccionó centros de detención, reunió documentos y puso las pruebas a disposición de la Justicia.
No resolvió todos los interrogantes ni investigó todas las formas de violencia. Tampoco podía hacerlo, porque su mandato era específico. Pero permitió demostrar el funcionamiento de un sistema que había sido ocultado y negado.
La Argentina no cayó repentinamente en la violencia. Descendió hacia ella cada vez que alguien justificó un crimen porque había sido cometido por “los propios” contra “los otros”.
Las grandes potencias contribuyeron a construir el tablero. Cuba alentó la revolución continental. Estados Unidos difundió concepciones de seguridad hemisférica y contrainsurgencia. Francia transmitió su experiencia de guerra contrarrevolucionaria. La Unión Soviética acomodó sus principios a sus intereses estratégicos y comerciales.
Pero ningún poder extranjero puede cargar con toda nuestra responsabilidad. Fueron argentinos quienes secuestraron, asesinaron, colocaron explosivos, ordenaron torturas, dirigieron centros clandestinos y ocultaron el destino de personas detenidas.
Nunca más
Una memoria completa no puede construirse ocultando una parte de la historia. Las víctimas de las organizaciones armadas merecen verdad, reconocimiento y justicia. También las personas secuestradas, torturadas, asesinadas o desaparecidas mediante el aparato clandestino estatal.
Recordar a unas no exige negar a las otras. Pero incluirlas en una misma historia tampoco significa afirmar que los delitos, los medios empleados y las responsabilidades jurídicas hayan sido idénticos.
La lección no consiste en distribuir culpas colectivas entre “los militares”, “los guerrilleros”, “la izquierda” o “la derecha”. Consiste en individualizar decisiones, órdenes y acciones.
La democracia debía recuperar el principio que se había perdido: ninguna ideología, doctrina de seguridad, revolución o razón de Estado autoriza el asesinato, el secuestro, la tortura o la desaparición de personas.
La Guerra Fría terminó, pero su enseñanza permanece. Un país comienza a destruirse cuando permite que otros definan quiénes deben ser sus enemigos. Termina de destruirse cuando deja de reconocer como compatriotas a quienes piensan de manera diferente.
El verdadero significado del Nunca Más aparece cuando dejamos de utilizar el crimen ajeno para justificar el propio.
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